En la Ciudad de México, la movilidad no solo es un tema de transporte, sino un eje transversal que impacta la calidad de vida, la seguridad vial y la dinámica económica. Para la industria automotriz, especialmente en el segmento de autos seminuevos que representa el 70% de las transacciones vehiculares en el país, las regulaciones en materia de movilidad son determinantes. Sin embargo, el retraso en la armonización de la Ley de Movilidad de la CDMX (LMCDMX) con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), pospuesta hasta julio de 2026, ha generado incertidumbre y riesgos para la población y el sector.
Ante esta situación, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de siniestros viales han presentado una propuesta para acelerar el proceso legislativo. Esta iniciativa no solo busca salvar vidas, sino también sentar las bases para un mercado de autos seminuevos más seguro, transparente y alineado con las demandas sociales y ambientales. En este artículo, explicaremos cómo esta propuesta aborda los puntos críticos de la movilidad en la capital y qué oportunidades representa para la industria automotriz.
Uno de los pilares de la propuesta civil es la inclusión en la LMCDMX de regulaciones estrictas sobre factores de riesgo como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol al conducir, el uso de celulares y la falta de sistemas de retención infantil. Estos elementos, responsables del 80% de los siniestros viales en la CDMX según el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), no solo cobran vidas, sino que erosionan la confianza en la seguridad vehicular.
Para el mercado de autos seminuevos, esto implica un llamado a la acción. Los concesionarios y plataformas de venta deben priorizar vehículos equipados con tecnologías de seguridad avanzadas como frenos ABS, control de estabilidad y cámaras de reversa, así como promover entre sus clientes la importancia de verificar que los autos cumplan con normas de seguridad actualizadas. Adicionalmente, la obligatoriedad del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil podría impulsar la demanda de seminuevos que incluyan estos elementos de serie, abriendo un nicho para aquellos distribuidores que integren inspecciones técnicas rigurosas en sus procesos de venta.
La industria tiene aquí una oportunidad para liderar con estándares éticos: al garantizar que los autos seminuevos cumplan con las regulaciones propuestas, no solo se contribuye a reducir siniestros, sino que se construye reputación y lealtad en un mercado cada vez más consciente de la seguridad.
La propuesta civil exige que los foros de discusión no se extiendan más de tres meses, advirtiendo que un retraso de 16 meses podría resultar en 1,440 muertes evitables. Este sentido de urgencia no solo es un imperativo moral, sino una necesidad para el sector automotriz. La prolongación de procesos legislativos genera vacíos normativos que afectan la planificación empresarial: sin reglas claras, es difícil que los concesionarios adapten sus inventarios, procesos de certificación y estrategias comerciales.
Por ejemplo, si la armonización de la LMCDMX incluye requisitos técnicos específicos como límites de emisiones o estándares de seguridad, los distribuidores de seminuevos necesitan tiempo para ajustarse. Un proceso legislativo ágil permitiría a la industria anticipar cambios, como la incorporación de vehículos híbridos o eléctricos seminuevos cuyo mercado crece un 15% anual en México, o la capacitación de personal en inspecciones técnicas alineadas con las nuevas normas.
Además, la reducción de plazos evitaría que las muertes por siniestros viales saturen mediáticamente la percepción pública, lo que podría impactar negativamente la confianza en la compra de autos usados. Una regulación expedita y eficaz reforzaría, en cambio, la imagen de un sector comprometido con la seguridad.
Las organizaciones civiles insisten en que los foros se centren en un proyecto de iniciativa claro y transparente, evitando la influencia de intereses comerciales. Este punto es crucial para la industria de seminuevos, históricamente afectada por prácticas opacas, como la venta de autos robados o con daños ocultos.
Una discusión legislativa abierta y basada en datos técnicos permitiría crear regulaciones equilibradas. Por ejemplo, si se establecen requisitos de verificación vehicular más estrictos como pruebas de emisiones obligatorias para autos seminuevos, esto podría formalizar el mercado y desplazar a actores informales que no cumplen con estándares. Para los concesionarios establecidos, esto representa una ventaja competitiva: al operar dentro del marco legal, pueden ofrecer garantías y certificaciones que diferencian su oferta.
Además, la transparencia evitaría que grupos de interés presionan por excepciones o normas laxas que beneficien a unos cuantos. En un mercado justo, la competencia se basa en la calidad y seguridad de los vehículos, no en influencias políticas.
La armonización pendiente desde 2022 no es solo un tema legal, sino una deuda con los habitantes de la CDMX, donde el transporte es responsable del 60% de las emisiones de CO₂. Para la industria de seminuevos, esto implica que las regulaciones futuras podrían incluir incentivos o restricciones basadas en criterios ambientales.
Por ejemplo, si la LMCDMX armonizada promueve la movilidad eléctrica, los concesionarios podrían verse beneficiados con exenciones fiscales al comercializar autos seminuevos híbridos o eléctricos. Por el contrario, la falta de acción podría dejar al sector rezagado frente a mercados globales que ya priorizan la sustentabilidad.
La justicia social también entra en juego: muchas familias de bajos ingresos dependen de autos seminuevos como primera opción de movilidad. Normas que equilibren accesibilidad y seguridad como programas de financiamiento para vehículos seguros o subsidios a la verificación técnica podrían ampliar el mercado y reducir la desigualdad.
La propuesta de la sociedad civil no es solo un llamado al legislativo, sino una invitación a la industria automotriz a ser parte activa de la solución. En un contexto donde 16 de cada 100 autos seminuevos vendidos en México están en la CDMX, el sector tiene el poder y la responsabilidad de influir en políticas que salven vidas y fortalezcan su propio futuro.
Los distribuidores deben abogar por una armonización ágil y transparente, participando en los foros y alineando sus prácticas con los principios de seguridad vial. Esto incluye invertir en certificaciones, capacitar a los clientes sobre normas de conducción segura y promover vehículos que cumplan con los más altos estándares.
La CDMX tiene la oportunidad de convertirse en un referente nacional en movilidad segura y sustentable. Para la industria de autos seminuevos, esto no es un gasto, sino una inversión en legitimidad, innovación y crecimiento a largo plazo. Como dijo recientemente un representante de víctimas de siniestros viales: “Cada día de retraso es una vida que pudo ser protegida”. En nuestras manos está que el sector automotriz sea recordado no como un espectador, sino como un aliado en esta transformación histórica.
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