Durante años, las calles y ciclovías de la Ciudad de México han sido testigos de una revolución silenciosa sobre dos ruedas (y a veces una o tres). Scooters eléctricos, bicicletas con pedaleo asistido, monociclos y otros vehículos eléctricos de transporte personal (VETP) han proliferado, ofreciendo una alternativa ágil, económica y ecológica frente al tráfico tradicional. Sin embargo, este crecimiento explosivo ocurrió en un limbo regulatorio, un espacio gris donde la falta de definiciones claras generaba incertidumbre en usuarios, autoridades y, crucialmente, en la propia industria que impulsa esta movilidad. La reciente reforma aprobada por el Congreso de la CDMX, que crea la figura del Vehículo Motorizado Eléctrico Personal (VEMEPE) y exige licencia y documentación, no es solo una nueva regla; es un punto de inflexión que resuelve un dolor profundo y abre un abanico de oportunidades y desafíos estratégicos para el sector automotriz y de movilidad.
El principal dolor que esta reforma viene a sanar es la ausencia crónica de un marco regulatorio específico y adaptado. El Reglamento de Tránsito capitalino, diseñado para otra era vehicular, simplemente no podía categorizar ni regular eficazmente estos nuevos actores. ¿Eran bicicletas? ¿Eran motocicletas? La respuesta ambigua generaba problemas concretos y urgentes:
Vehículos capaces de alcanzar 40, 50 o incluso más km/h (mucho más allá de los 25 km/h que a menudo separan conceptualmente una "bicicleta" de una "moto") circulaban sin requisitos de habilidad demostrada (licencia), sin reglas claras de velocidad en ciclovías o calles, y sin una definición de sus espacios prioritarios. Esto incrementa el riesgo de accidentes graves para usuarios de VETP, peatones y ciclistas tradicionales.
En caso de accidentes, la falta de registro y documentación complicaba enormemente establecer responsabilidades legales y asegurar una compensación adecuada, generando desconfianza en el sistema.
Fabricantes, importadores y vendedores operaban en un terreno pantanoso. ¿Qué especificaciones técnicas eran realmente admisibles? ¿Qué requisitos debían cumplir sus productos a futuro? ¿Cómo comunicar las obligaciones a los compradores? Esta falta de claridad frenaba la inversión en desarrollo e innovación específica para el mercado mexicano y dificulta la planificación a largo plazo.
La coexistencia sin reglas claras entre peatones, ciclistas convencionales, usuarios de VETP lentos y rápidos, y vehículos motorizados tradicionales generaba conflictos y fricciones constantes en espacios compartidos.
La creación de la categoría VEMEPE (Vehículo Motorizado Eléctrico Personal) y su subdivisión en Tipo A (≤ 35 kg) y Tipo B (>35 kg y ≤ 350 kg), con el umbral clave de velocidad máxima superior a 25 km/h, proporciona por fin la claridad taxonómica esencial que faltaba. Este es el primer y fundamental paso para abordar los otros puntos de dolor.
La exigencia de licencia de conducir y documentación obligatoria específica para operar un VEMEPE es la medida más comentada y, sin duda, la que impactará directamente al usuario final. Pero desde la perspectiva empresarial, esta exigencia resuelve dos dolores fundamentales:
Exigir una licencia implica que el conductor ha demostrado, al menos, conocer las reglas básicas de tránsito y tener una habilidad mínima comprobada. Esto apunta directamente a mejorar la seguridad vial, reduciendo accidentes causados por imprudencia o desconocimiento. Para la industria, una mayor seguridad significa menos incidentes negativos asociados a sus productos, preservando la imagen de la micromovilidad como una opción viable y positiva.
La documentación obligatoria (que aún se definirá en detalle, pero que presumiblemente incluirá registro, seguro y tal vez una placa de identificación) proporciona trazabilidad. Esto es crucial para:
Responsabilidad civil: Facilita enormemente la gestión de seguros y la determinación de responsabilidades en accidentes, protegiendo tanto a víctimas como a usuarios responsables.
Lucha contra el robo: Un vehículo registrado y documentado es más difícil de revender ilegalmente y más fácil de recuperar, aumentando su valor percibido y la confianza del consumidor.
Datos para la planificación: Proporciona a autoridades como la SEMOVI datos concretos sobre la flota circulante, esenciales para planificar infraestructura (ciclovías, estacionamientos seguros, zonas de carga) y políticas públicas efectivas.
El reto para la industria será apoyar a sus clientes en esta transición, informar claramente sobre los requisitos, facilitar los trámites en la medida de lo posible (quizás asociándose con gestores o aseguradoras) y asegurar que sus productos cumplan con las especificaciones que la futura documentación exigirá (como velocidades máximas homologadas).
La reforma no se limita a regular al conductor y al vehículo. Obliga explícitamente a la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) a replantear el diseño de los espacios públicos. Este es un punto crucial y una gran oportunidad para la industria y los urbanistas. El dolor aquí era evidente: infraestructura obsoleta o inadecuada.
Las ciclovías actuales, diseñadas principalmente para bicicletas convencionales (más lentas), pueden no ser seguras ni adecuadas para VEMEPEs que pueden circular legalmente a velocidades superiores (hasta los límites que se establezcan, probablemente diferenciados por tipo). Se requerirán diseños que permitan una convivencia segura o, potencialmente, carriles específicos o regulaciones de velocidad dentro de ellas.
La falta de estacionamientos dedicados y seguros para scooters y bicicletas eléctricas es un gran disuasivo para su uso y un imán para el robo. La reforma impulsa la creación de esta infraestructura, un nicho de oportunidad para empresas de mobiliario urbano, estacionamientos y soluciones tecnológicas de seguridad (candados inteligentes, puntos de anclaje).
El replanteamiento debe incluir cómo facilitar la intermodalidad (combinar VEMEPE con metro, metrobús, etc.), requiriendo estacionamientos seguros en estaciones y tal vez adaptaciones en los propios vehículos de transporte público.
Aunque muchos VEMEPEs se cargan en casa, el desarrollo de una red pública de carga rápida o puntos de intercambio de baterías (para flotas compartidas o uso intensivo) podría ser un nuevo frente de negocio.
Las empresas del sector tienen aquí un campo abierto para la innovación y la colaboración público-privada: proponer diseños de infraestructura inteligente, desarrollar soluciones de estacionamiento seguro y con carga integrada, o crear servicios de mantenimiento rápido en puntos estratégicos.
El plazo de 360 días otorgado al gobierno capitalino para adecuar los reglamentos (Reglamento de la Ley de Movilidad y Reglamento de Tránsito) tras la entrada en vigor del decreto, lejos de ser una demora, es un período crucial de adaptación para todos. Resuelve el dolor de una implementación apresurada y desordenada.
Definición de detalles técnicos: Este período permitirá definir aspectos vitales aún pendientes:
Tipo de licencia: ¿Será la misma para automóviles? ¿Se creará una categoría específica (A1, B1)? ¿Habrá exámenes teóricos/prácticos específicos?
Documentación exacta: ¿Qué conformará la "documentación obligatoria"? ¿Registro local? ¿Tarjeta de circulación? ¿Seguro obligatorio específico? ¿Placa de identificación? ¿Homologación del vehículo?
Límites de velocidad: ¿Se establecerán límites diferentes para Tipo A y Tipo B? ¿Y para circulación en calle vs. ciclovía? ¿Cómo se controlará la velocidad máxima de fábrica vs. la modificada por el usuario?
Sanciones específicas: Definir un régimen de multas y sanciones proporcional y claro para infracciones relacionadas con VEMEPEs.
Adecuación de productos: Asegurar que los modelos nuevos y existentes cumplan con las especificaciones técnicas que finalmente se establezcan (peso, velocidad máxima homologada, sistemas de seguridad).
Desarrollo de servicios: Crear o potenciar servicios asociados: cursos de conducción segura para VEMEPEs, seguros específicos, aplicaciones para gestión de documentación o rutas seguras, sistemas antitheft integrados.
Comunicación y educación: Lanzar campañas informativas claras para los usuarios actuales y potenciales sobre los nuevos requisitos y sus beneficios (seguridad, protección). Trabajar en conjunto con autoridades para mensajes consistentes.
Diálogo con autoridades: Participar activamente en los foros de discusión para la creación de los reglamentos, aportando la experiencia técnica del sector.
La reforma de la Ley de Movilidad en CDMX, con la creación de los VEMEPEs y sus requisitos asociados, no es una traba, sino la necesaria formalización de un sector que había crecido de forma salvaje. Resuelve puntos de dolor críticos: la inseguridad vial por falta de capacitación y reglas, la indefensión legal por falta de trazabilidad, la incertidumbre para fabricantes y vendedores, y la inadecuación de la infraestructura urbana.
Para la industria automotriz y de movilidad, este es un llamado a evolucionar. Ya no basta con vender un scooter o una bici eléctrica atractiva y potente. El juego ahora es más complejo y, a la vez, más prometedor.
Los 360 días de gracia son un regalo estratégico. Las empresas que los usen para adaptar sus productos, desarrollar servicios de valor añadido, construir relaciones con las autoridades y educar al mercado no solo sobrevivirán a esta transición, sino que emergerá más fuertes y posicionadas en un mercado de micromovilidad que, lejos de contraerse, se prepara para una nueva etapa de crecimiento, más seguro, ordenado y con un potencial inmenso. La licencia para el scooter es, en realidad, la licencia de la industria para operar con mayor legitimidad y visión de futuro en el complejo ecosistema de movilidad de la CDMX. El camino hacia una ciudad más fluida y sostenible pasa, inevitablemente, por esta formalización. La pregunta ahora es: ¿cómo recorrerlo juntos, industria y sociedad, de la manera más inteligente y provechosa? El motor eléctrico está listo; ahora toca afinar la dirección y el mapa de ruta.
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